Historia de la Diputación de Tarragona

 Historia de la Diputación de Tarragona

La Diputación de Tarragona se constituyó por primera vez, en el año 1822, como Diputación Provincial, de la cual fue presidente Jacobo Gil de Avalle. Posteriormente, y en cumplimiento del Real decreto de 25 de septiembre de 1835, el gobernador civil de la provincia convocó elecciones, y la nueva constitución provincial se hizo pública a través del Boletín Oficial de 26 de enero de 1836. La primera sesión de la nueva institución tuvo lugar el 2 de marzo siguiente. Con el tiempo, la nueva corporación tarraconense fue ampliando competencias y desarrollando una capacidad operativa cada vez mayor.

Pero la historia de las diputaciones ha estado llena de altibajos. Después de períodos de grandes convulsiones, hoy día el nuevo papel de la Diputación de Tarragona se encaja en los servicios y ayudas administrativas y técnicas a los ayuntamientos, con preferencia sobre aquellos que no disponen de suficientes recursos económicos o de personal. A través del Servicio de Asistencia al Municipio (SAM) la Diputación pone al alcance local todo un conjunto de servicios que van desde el asesoramiento jurídico hasta el cultural, pasando por la formación, la redacción de proyectos, la informática, etc. En definitiva, la Diputación se ha adaptado al presente ofreciendo a los municipios una ayuda técnica y administrativa que los prepare ante las nuevas necesidades y responsabilidades ciudadanas.


 Las diputaciones, cerca de doscientos años de historia

Las diputaciones nacieron al amparo de la Constitución de Cádiz de 1812, en el que se considera el primer intento de instaurar un régimen liberal en España, después de la caída del Antiguo Régimen.

La división territorial y administrativa de las diputaciones se inspiró en el modelo político francés, que culminará con el establecimiento de las 49 provincias a partir del Decreto de Javier de Burgos del año 1833. Desde aquel momento y hasta la actualidad, la Diputación Provincial se ha mantenido con pequeñas modificaciones estructurales.

La etapa revolucionaria de las Cortes de Cádiz terminó con el retorno del absolutismo de Fernando VII (1814-1833). En esa época se suprimieron las diputaciones, exceptuando el paréntesis que supuso el Trienio Liberal de 1820-1823. Desde el fin del absolutismo y a lo largo del siglo XIX, las diputaciones se mantuvieron, aunque en algunas etapas su funcionamiento se vio limitado. Ejemplos de estas limitaciones son los años del Consejo Provincial (1845-1868), las diferentes guerras carlistas o la revolución de 1868.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) fue una época inestable que dificultó igualmente el funcionamiento del organismo, aunque hubo cambios importantes, como el establecimiento de la presidencia separada del cargo de gobernador. Hasta aquel momento, el presidente de la Diputación siempre dependía, en última instancia, del gobernador civil, que, de hecho, era el jefe del gobierno provincial.

Después de los años revolucionarios, se inaugurará la etapa de la Restauración, que conducirá hacia la instauración de la Segunda República, en el año 1931. Durante esos años las diputaciones fueron regularizando sus funciones y competencias. En el caso catalán, hay que destacar la formación de la Mancomunidad de Cataluña en el año 1914. La Mancomunidad unía las cuatro diputaciones catalanas recogiendo sus atribuciones y sus recursos, lo que representaba el primer intento de conseguir una administración auténticamente catalana dentro del Estado español.

Con el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, la Mancomunidad fue eliminada y las cuatro diputaciones catalanas recuperaron sus competencias primitivas por separado. A partir de la proclamación de la II República Española, la Generalidad de Cataluña asumió las atribuciones de las diputaciones e implantó las comisarías como delegaciones del Gobierno en el territorio. Después de la Guerra Civil de 1936-1939 las diputaciones reanudaron su actividad hasta la actualidad, pasando por varios períodos de influencia y trabajo diverso. En el período franquista, se reorganizaron bajo las directrices del régimen, controladas por la figura del gobernador civil. Finalizado el régimen franquista en 1975, con la transición democrática, se abrió nuevamente el debate sobre la disolución de las diputaciones. Esta disolución no se ha producido, aunque algunas de sus competencias se han ido transfiriendo a la Generalidad.